PROPONEN EN PLENO DE BC REFORMAR LA LEY DE SALUD MENTAL

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Mexicali BC, 12 de marzo de 2019.- A fin de proporcionar un servicio más humano, en beneficio de quienes padecen este tipo de padecimiento, se presentó ante el pleno del Congreso de Baja California una iniciativa para reformar la Ley de  Salud Mental.

La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado por parte de la diputada Alfa Peñaloza y tiene el propósito de adicionarla con elementos que coadyuvarán a dar una atención más humanitaria a los enfermos que acuden en busca de atención, para este tipo de trastornos.

En los considerandos expuestos por la legisladora de extracción panista, y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la XXII Legislatura, argumentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1948 considera que, dentro del contexto de la promoción de la salud, esta es un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva.

Alfa Peñaloza agregó que la salud mental es más que la ausencia de enfermedad, y es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.

En este sentido positivo -subrayó-, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad, y esta se determina por muchos factores sociales, psicológicos y biológicos.

Mencionó que un ejemplo del aspecto social, es el riesgo de enfermedades mentales asociadas a la pobreza (hacinamiento, educación limitada, estrés en el trabajo, bajo ingreso, inseguridad y desesperanza). Otro factor es la conducta del individuo asociada al abuso de sustancias, violencia en general, de género e infantil.

Añadió que las enfermedades físicas agudas y crónicas también influyen, junto con la pobreza, a problemas de salud mental que incluyen depresión, ansiedad, entre otros.

Por estas razones, argumentó, la protección de la salud, y de la salud mental, es un derecho humano fundamental, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud; además, la salud mental es una materia de salubridad general y las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario de la salud pública.

Advirtió que las personas con trastorno mental se encuentran en riesgo de que sean violados sus derechos, y este riesgo de vulnerabilidad es aún mayor cuando la persona, según el tipo y la severidad del trastorno, presenta discapacidad mental temporal o permanente.

Ante este panorama, su propuesta estriba en añadirle al artículo 7 de la Ley de Salud Pública lo siguiente: “… las personas usuarias de los servicios de salud mental, tendrán derecho al acceso respetuoso, humano y oportuno a los servicios de salud mental, sin distinción alguna; a ser informado de su padecimiento y a participar en la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento; a la accesibilidad de familiares, en el acompañamiento de las personas usuarias de los servicios de salud mental, salvo que medie contraindicación profesional”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis jurídico y viabilidad, a fin de dictaminarlo para someterlo al escrutinio de los legisladores, en sesión de Pleno.