Ciudad de México | 22-febrero-2018 | La inclusión de las personas con discapacidad en el Censo de Población y Vivienda 2020, podría no darse ante la falta de una respuesta contundente por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para adaptar los cuestionarios básico y ampliado con un pleno reconocimiento de los derechos de este sector de la población en México.
«Todas las personas con discapacidad deben ser tomadas en cuenta en el Censo del Inegi 2020», así lo expresó José Manuel García Arreola, representante de las personas con discapacidad de Baja California ante la Asamblea Consultiva del Conadis, durante su participación en la Primera Sesión Ordinaria llevada a cabo en Ciudad de México el jueves 22 de febrero.
Ante los asambleístas provenientes de todo el país, académicos y funcionarios del gobierno federal, calificó como primordial el realizar ajustes necesarios en el procedimiento para el levantamiento de información a partir de datos específicos por áreas y sectores a nivel nacional.
Se espera que en marzo de 2018 el Instituto responda de manera afirmativa a los planteamientos hechos por la Asamblea desde 2017 y así modificar las preguntas que permitan saber cuántas mujeres y hombres con una o más discapacidades hay en cada entidad, municipio y poblado; pero no solo eso, sino a qué se dedican, cómo viven, cómo es su entorno y cuáles son sus perspectivas.
“No solo basta con saber qué preguntar, sino cómo hacerlo, pues debe entenderse por parte de Inegi que hay personas con una o más discapacidades, por lo que es indispensable diseñar instrumentos y metodologías accesibles e incluyentes”, expresó el también director de la asociación Generación Priisma y presidente de CoadisBC.
«Es absurdo pensar que la distribución y características de las personas con discapacidad en México parten de una base homogénea como para preguntarles sin tomar en cuenta la diversidad», expresó García Arreola ante la posibilidad tal y como sucedió en 2000 y 2010, pueda no alcanzarse en el Censo 2020 una verdadera inclusión.
La Asamblea esperará la resolución del Instituto, pero anunció que continuará con las gestiones posibles en el cumplimiento del Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hace referencia a la recopilación de datos y estadísticas desde el ámbito gubernamental, una prerrogativa inherente e inalienable que debe cumplirse. /IPR
