Presenta Job Montoya reforma de financiamiento a partidos políticos

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Mexicali, B.C. sábado 2 de septiembre de 2017.- El diputado Job Montoya Gaxiola (MC), a nombre propio y del diputado Luis Moreno Hernández, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Constitución Política, la cual tiene como objetivo, que los recursos que reciben los partidos políticos sea por el número de votos válidos emitidos en las elecciones y no por la cantidad de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral.

En ese sentido el diputado de movimiento ciudadano expresó: «Se buscan  partidos más representativos”. Añadió que la propuesta establece que en años electorales, el dinero que reciban los partidos políticos, deberá depender del número de personas que convenza para votar y que en los años no electorales, exista una disminución de los recursos.

Durante su exposición de motivos señaló que la Iniciativa puesta a consideración del Congreso del Estado  retoma íntegramente la que fue aprobada en el Estado de Jalisco, ya que esta cuenta con un impecable análisis jurídico y, sobre todo, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detalló que estos eventuales ajustes al financiamiento de los partidos políticos en Baja California, aplicarían únicamente para aquellos que cuentan con registro federal, no así para los partidos locales.

Agregó que el financiamiento público de los partidos políticos es exagerado y no responde a la rendición de cuentas, transparencia y representatividad

Montoya Gaxiola citó: “Si los partidos políticos no están al servicio de la gente y se ganan su voto, no tendrán dinero público”. Además precisó que todas las fuerzas políticas de esta Soberanía se han manifestado por llevar a cabo una profunda revisión al financiamiento público que reciben los partidos políticos.

Finalmente puntualizó que esta norma establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público local.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para su análisis jurídico a fin de revisar su viabilidad y dictaminar en consecuencia