- Ante el endurecimiento de la fiscalización, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California urge a la capacitación técnica y ética para evitar responsabilidades legales; especialistas señalan que incluso pequeños contribuyentes están bajo la lupa normativa.
Tijuana.- Ante un escenario de creciente fiscalización y mayores responsabilidades penales, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) hizo un llamado urgente a fortalecer la preparación técnica y ética de los profesionales contables.
Durante el desayuno catorcenal del organismo, el C.P.C. Juan Carlos Loaiza Hernández, presidente del CCPBC, advirtió que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, por lo que es imperativo evitar fallas en el cumplimiento de la normativa antilavado que puedan comprometer tanto al asesor como al contribuyente.
Bajo el panel “Voces de la prevención de lavado de dinero”, expertos como la Mtra. Jeaneth Ayala, el Dr. Sandro García, el Mtro. Carlos Pérez y el C.P. Merced Burcio coincidieron en que la especialización en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es ya indispensable. Loaiza Hernández explicó que actividades aparentemente sencillas, como la compraventa de vehículos o la gestión de nóminas en empresas medianas, conllevan obligaciones fiscales, laborales y penales que exigen una asesoría integral basada en valores y actualización continua.
Por su parte, el Dr. Adolfo Solís, socio director de Grupo Farías, destacó que las recientes reformas laborales y fiscales demandan una visión técnica profunda, pues cualquier incremento de obligaciones sin una adecuada planeación impacta directamente en la productividad y competitividad empresarial. En este sentido, los especialistas concluyeron que la ética profesional es el eje rector para navegar el entorno normativo actual, exhortando a los contadores a evaluar su propia competencia técnica o, en su caso, canalizar a los clientes con expertos en la materia para garantizar un cumplimiento normativo total que proteja el desarrollo corporativo y la estabilidad económica regional.
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