- A través de la Fiscalía Regional de Tijuana, la FGE aporta el sustento probatorio para obtener una sentencia definitiva en contra de Isidro “N”.
- La resolución judicial niega cualquier beneficio de libertad al sentenciado, priorizando el derecho a la reparación integral del daño y la protección de la víctima.
Tijuana.– En una demostración de rigor técnico-jurídico orientado a salvaguardar los derechos de la infancia y combatir la impunidad en los delitos de razón de género, la Fiscalía General del Estado (FGE), mediante la operatividad de la Fiscalía Regional de Tijuana y el seguimiento de la Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Proceso, logró una sentencia condenatoria firme en contra de Isidro “N”, formalmente declarado responsable del delito de violación agravada por razón de parentesco.
El juzgador impuso una pena de 16 años y 3 meses de prisión, sumando a ello una sanción económica de 50 días de multa y el pago obligatorio para resarcir las afectaciones de la víctima.
La carpeta de investigación y las pruebas periciales sustentadas por el Ministerio Público determinaron que las conductas delictivas se perpetraron de forma sistemática y reiterada a partir de julio de 2015 en el interior de un inmueble habitacional de la colonia Tres de Octubre.
El comportamiento del sentenciado se configuró mediante tres condiciones específicas de vulnerabilidad que permitieron la consumación del ilícito: en primer lugar, el aprovechamiento intencionado de la ausencia de los padres de familia, quienes se ausentaban del hogar para cumplir con sus jornadas laborales; en segundo lugar, la explotación de los momentos en que la afectada, de tan solo 11 años de edad al inicio de las agresiones, carecía de supervisión adulta directa; y en tercer lugar, el empleo de la coacción moral, la asimetría de poder y la jerarquía derivada de la confianza del vínculo familiar para vulnerar de manera continuada la integridad física y psicológica de la menor.
Tras una reposición del proceso legal que robusteció las garantías procesales de las partes, el Poder Judicial emitió una nueva resolución definitiva que dictaminó la pérdida de cualquier beneficio sustitutivo de libertad o suspensión condicional de la pena debido al elevado quantum de la sanción privativa impuesta, ordenando su reclusión inmediata en el centro de reinserción social correspondiente.
De igual forma, la sentencia contempla la condena definitiva al pago de la reparación del daño en favor de la víctima, dejando a salvo sus derechos civiles para que los haga valer por las vías jurídicas conducentes, con lo cual la FGE concluye formalmente una causa penal que restituye el estado de derecho y garantiza el castigo para quienes atentan contra el núcleo familiar.
Con la obtención de esta pena de prisión en Tijuana, la Fiscalía General del Estado refrenda que los delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad máxima que se persigue con toda la fuerza del andamiaje ministerial. Al sostener un proceso penal riguroso que resistió la reposición del procedimiento y culminó en una condena ejemplar de más de 16 años, las autoridades judiciales y ministeriales envían un mensaje contundente de cero tolerancia ante los abusos que vulneran el entorno doméstico.
