- La XXV Legislatura aprueba por unanimidad un exhorto urgente dirigido a Omar García Harfuch.
- Demandan recursos extraordinarios y una estrategia específica para frenar los homicidios y hallazgos de fosas clandestinas que azotan a la entidad.
Mexicali.– Ante una crisis de inseguridad que no da tregua, el Congreso de Baja California alzó la voz de manera unánime para exigir la intervención inmediata del Gobierno Federal. Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, la XXV Legislatura aprobó un exhorto dirigido al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, solicitando que el estado sea declarado formalmente como prioridad nacional en materia de seguridad.
La iniciativa, presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, surge como respuesta a un inicio de año violento que suma más de 90 homicidios tan solo en Tijuana durante enero, además de ejecuciones múltiples, robos con violencia y el estremecedor hallazgo de fosas clandestinas en el ejido Miguel Alemán, en Mexicali.
Durante su exposición de motivos, la legisladora García Ruvalcaba fue tajante al describir la realidad que enfrentan los ciudadanos: “La violencia se ha vuelto constante, visible y profundamente alarmante; hoy la gente camina con miedo en las calles, las colonias y en su vida cotidiana”, sentenció.
El acuerdo aprobado demanda no solo el diseño de un plan de seguridad específico para la región, sino también la asignación de recursos económicos extraordinarios y la apertura de mesas de diálogo directas entre la Federación y los comités ciudadanos de seguridad de los municipios bajacalifornianos.
La diputada enfatizó que la gravedad de la situación actual sobrepasa las capacidades locales y requiere un compromiso real desde el centro del país.
“La magnitud de la crisis de seguridad en Baja California requiere de una respuesta federal clara, firme y visible. Lo que está en juego no es solo una estadística delictiva, sino la tranquilidad y la vida diaria de millones de bajacalifornianos”, subrayó García Ruvalcaba, haciendo un llamado final para que el Gobierno de México asuma su responsabilidad y encabece la estrategia que devuelva la paz a las familias de la entidad.
