Mexicali.- En Baja california la crisis del agua es una realidad palpable. El estado la enfrenta la sequía prolongada y el crecimiento poblacional, debido a la sobreexplotación de sus fuentes. Así lo indicó la Diputada Adriana Padilla Mendoza.
La Legisladora del Partido Verde Ecologista de México, durante su posicionamiento en el marco de la próxima celebración del “Día Mundial del Agua” hizo hincapié en este problema que aqueja a cada una de las ciudades de esta Entidad, mimas que comparten la urgencia de encontrar soluciones sostenibles.
El municipio de Tijuana cuenta con una de las poblaciones más grandes de la región, cuyo ya muy disminuido abastecimiento de agua depende en gran parte del agua del Río Colorado. Este detrimento ha provocado cortes de suministro frecuentes y una creciente preocupación por la falta de infraestructura, para captar y reutilizar agua.
La legisladora también se pronunció exponiendo la situación de la capital del estado que tiene como característica tener en su extensión una gran zona agrícola que es clave y también causa del agotamiento de los mantos acuíferos subterráneos, la reducción de las asignaciones del Rio Colorado; la descarga de aguas residuales no tratadas y los desechos industriales en el Río Nuevo, que atraviesa la ciudad.
Habló también de la consecuencia obligada, la afección grave al ecosistema y a la salud pública de las comunidades aledañas.
También, expuso que Ensenada tiene una de las peores crisis de agua del Estado, que no cuenta con acceso directo al Río Colorado y depende de pozos y del acueducto desde Tijuana, lo que genera un suministro irregular y muchas colonias pasan días sin agua, afectándose la calidad de vida de los habitantes.
Mientras las citadas ciudades enfrentan racionamientos periódicos, las comunidades rurales y pueblos indígenas viven una crisis aún más aguda. Esto debido a que carecen de infraestructura básica para el suministro de agua potable, lo que vulnera los derechos fundamentales.
Al respecto, dijo que estas problemáticas no pueden ser ignoradas, y es imperativo fortalecer el marco jurídico para garantizar el acceso equitativo y sustentable al vital líquido.
Por ello, hizo un llamado a tomar acción inmediata, “el agua es un derecho humano vinculante para los Estados, es un bien común que no puede ser objeto de negligencia; es nuestra responsabilidad garantizar que cada persona, sin distinción alguna, tenga acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible al agua”.
Finalmente, puntualizó que, es tiempo de legislar con visión de futuro, con justicia ambiental y con un compromiso inquebrantable con las generaciones presentes y futuras, debido a que, el hecho de desarrollar y mantener un futuro hídrico seguro y equitativo, sustenta la prosperidad y la paz para todos.
