**Diputado Diego Echevarría advierte uso indebido del patrimonio público en convenio con concesionarios
**La proposición contó con el respaldo de las fuerzas políticas del Congreso del Estado
MEXICALI BC, 04 de diciembre de 2025.- En sesión plenaria, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el exhorto presentado por el diputado Diego Echevarría Ibarra, mediante el cual se solicita una revisión integral sobre la entrega de 25 camiones de transporte público adquiridos por el gobierno estatal, cuyo costo total ascendió a aproximadamente 75 millones de pesos.
El legislador señaló que dichas unidades fueron compradas bajo el argumento de apoyar la realización de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali y trasladar turistas al Estadio del Nido.
Posteriormente se anunció que serían incorporadas al servicio urbano en rutas concesionadas a particulares, principalmente en la Lázaro Cárdenas y en menor medida en la Robledo. “Sin embargo, nunca se explicó con claridad bajo qué figura jurídica se entregaban estos autobuses propiedad del Estado a empresas privadas”, precisó.
Añadió que, durante la glosa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuestionó directamente al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, respecto al convenio de colaboración “a riesgo” señalado como fundamento; sin embargo, la respuesta fue que operaban bajo un supuesto convenio de esa naturaleza con tres concesionarios de Mexicali, y al solicitarle que explicara en qué consistía dicha figura y su sustento jurídico, no logró hacerlo de manera clara ni sólida.
“El gobierno aporta las unidades, paga el seguro, cubre el mantenimiento, y las empresas se quedan con todo lo que genera el servicio, eso no es ir a riesgo, es un negocio redondo para unos cuantos concesionarios y funcionarios”, acusó el Diego Echevarría.
Señaló que, además de haber comprado los camiones y pagar su seguro, el Gobierno del Estado también cubre un pago mensual de 15 mil pesos por unidad para que los propios concesionarios realicen su mantenimiento en sus talleres. En total, el IMOS desembolsa 375 mil pesos al mes por el mantenimiento de vehículos que no administra ni opera directamente.
Este esquema representa un uso indebido del patrimonio público, pues el Estado ya pagó las unidades, sigue cubriendo los gastos de operación y, en caso de que las cosas salgan mal, también asumiría las pérdidas. El único que arriesga es el Estado, mientras los particulares reciben camiones nuevos, operan rutas rentables, cobran la tarifa y no comparten ni un peso con el gobierno.
En consecuencia, la XXV Legislatura de Baja California exhortó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una revisión integral y, en su caso, inicie las investigaciones correspondientes sobre posibles ilegalidades y actos de corrupción en la celebración y ejecución del denominado convenio de colaboración.
