EXIGEN ABOGADAS DE ENSENADA DEFENSA ESPECIALIZADA PARA LA INFANCIA

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  • El Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho subraya que la especialización en materia de niñez no es opcional, sino un mandato legal.
  • El interés superior del menor debe prevalecer sobre el libre ejercicio de la profesión para garantizar una defensa técnica idónea.

Ensenada.-  En un firme posicionamiento a favor de la protección de los sectores más vulnerables, el Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada A.C. señaló que la defensa de niñas, niños y adolescentes requiere de una preparación técnica obligatoria y no de criterios improvisados. La presidenta del organismo, Wendy Pringle, subrayó que cualquier debate jurídico debe concluir colocando el interés superior del menor por encima de intereses particulares o gremiales.

El Consejo Directivo del Colegio concluyó que la especialización en esta materia es un mandato normativo explícito, establecido en el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCYF). Este requisito legal no busca coartar el libre ejercicio de la abogacía, sino asegurar que los profesionales cuenten con la formación específica para intervenir adecuadamente en casos donde los derechos de la infancia están en juego, dada su naturaleza sensible y expuesta.

“Elevar el estándar de la práctica legal es una necesidad imperante. El principio rector del Interés Superior de la Infancia es un mandato constitucional que prevalece sobre cualquier otro derecho, incluido el ejercicio profesional”, afirmó Pringle. La abogada destacó que contar con una «defensa técnica idónea» es la única vía para salvaguardar plenamente las garantías procesales y sustantivas de los menores de edad en el sistema de justicia.

Finalmente, el Colegio hizo un llamado a que esta exigencia de capacitación sea aplicable para todos los operadores del sistema de justicia, no solo para los abogados litigantes. Wendy Pringle reconoció que, aunque existe resistencia hacia la obligatoriedad de esta formación, dicha oposición solo refuerza la urgencia de implementarla para garantizar que todo profesional internalice y aplique los más altos estándares de protección. “Antes que nuestros intereses personales, está el bien común: el de la infancia”, remató.