TIJUANA BC, 25 de junio de 2025.- Permisionarios y Asociados Lavenant A.C. (PALAC) manifiesta su más enérgico reclamo ante los recientes hechos de violencia que han escalado peligrosamente en la ciudad, siendo la quema de una unidad perteneciente a uno de nuestros agremiados el punto más alarmante de una crisis que advertimos con antelación y que ha sido ignorada por las autoridades correspondientes.
Las advertencias fueron claras. Se denunció a tiempo, se alertó con nombre y apellido, y se exigió acción. Pero el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) decidió mirar hacia otro lado. Hoy, la quema de esta unidad no es un hecho aislado: es la prueba irrefutable de que la omisión oficial ha convertido el silencio en cómplice.
Ya había una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado. Ya existía una alerta pública. Ya se conocían los actores y las amenazas. Aun así, IMOS ha optado por la inmovilidad, dejando que el conflicto escale a niveles que ponen en riesgo no solo el patrimonio de los transportistas, sino la seguridad pública.
En el centro de esta disputa no está únicamente una ruta, sino el principio de legalidad, el derecho al trabajo honesto y el respeto a quienes, durante años, han edificado con esfuerzo un servicio público esencial. Mientras PALAC representa la vía formal y legítima, la contraparte actúa al margen de la ley, convocando reuniones clandestinas, utilizando documentos sin firma, y suplantando funciones con absoluta impunidad.
Daniel García Tirado, quien encabeza esta pseudo-organización, ha perdido toda credibilidad. Incumplió acuerdos, simuló consensos y hoy pretende reactivar su movimiento con métodos cínicos y peligrosos. A su lado, Salvador “Chava”, sin representación legal ni autorización alguna, se ha convertido en el rostro visible de la provocación, la amenaza y el desorden.
Además, este grupo ha manipulado deliberadamente los señalamientos del IMOS, colocando anuncios como si contaran con aval oficial, sembrando confusión y usurpando funciones de autoridad. No solo intentan apropiarse de rutas que no les corresponden, sino que se pasean campantes por sitios de taxis establecidos, generando tensión, enfrentamientos y caos.
IMOS tiene la responsabilidad —y la obligación legal— de actuar con firmeza. Es urgente restituir los derechos de los verdaderos titulares, retirar a los invasores, y garantizar que el marco normativo sea respetado por todos. No se puede seguir siendo testigo pasivo mientras el sistema de transporte público se incendia, literalmente.
Esto es un llamado urgente en defensa del Estado de derecho. Hoy fue un taxi. Mañana puede ser una tragedia humana. Cada día sin acción, cada decisión omitida, eleva peligrosamente el costo de la inacción.
Reiteramos: los verdaderos permisionarios deben mantenerse firmes, unidos y alertas. No firmar, no ceder, no negociar con quienes ya han demostrado que su palabra no vale nada.
La Fiscalía General del Estado debe intervenir sin más dilaciones. Se deben investigar y sancionar, con todo el peso de la ley, a quienes organizan, instigan o ejecutan actos de violencia, despojo o falsificación.
Estas personas no deben circular ni permanecer en sitios y bases de taxis donde no tienen reconocimiento ni derecho legal alguno. Su presencia provocadora pone en riesgo directo el patrimonio, la estabilidad y la integridad de los permisionarios y choferes de PALAC, quienes sí trabajan con apego a la legalidad y en legítimo ejercicio de sus concesiones.
Finalmente, hacemos un exhorto firme y público a las autoridades competentes municipales y estatales, particularmente al IMOS, para que actúen de inmediato bajo el marco del Derecho, restablezcan el orden y pongan fin a esta escalada de ilegalidad que amenaza con desbordarse.
Tijuana no merece vivir bajo el chantaje de la impunidad. El transporte público debe volver a ser un espacio de servicio, no de conflicto. Los verdaderos permisionarios no están solos: tienen la fuerza de la legalidad, de la unidad y de su historia.
Porque el transporte público no puede seguir siendo rehén de quienes lucran con el caos.
