- A través de la Sindicatura Procuradora, Tijuana establece un precedente en Baja California al transformar el marco normativo municipal.
- Mediante la creación histórica de Comités de Ética en cada dependencia y reformas con alto impacto social, el órgano de control demuestra que la legalidad y la sensibilidad civil deben caminar de la mano.
Tijuana.– En un entorno social donde la ciudadanía demanda de manera prioritaria rendición de cuentas y un servicio público impecable, la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana establece las pautas de una nueva gobernanza a través de la ponencia ‘Instituciones con sentido humano: Ética, Justicia e Inclusión’, presentada en el marco del foro con causa ‘Sombreros y Plumas’.
Este modelo de gestión pública plantea que el ejercicio gubernamental no puede limitarse a la frialdad de la técnica administrativa, sino que debe conducirse bajo una estricta responsabilidad ética y un rostro humano que responda con empatía a los sectores más vulnerables de la población.
La piedra angular de este nuevo esquema es la erradicación de las malas prácticas mediante mecanismos de supervisión reales y medibles. Por primera vez en la historia democrática del municipio, todas las dependencias locales han conformado formalmente sus respectivos Comités de Ética, descentralizando la vigilancia del actuar de las y los servidores públicos.
Esta estrategia transforma la ética de un concepto meramente discursivo a una herramienta con reglas claras, procedimientos establecidos y consecuencias tangibles. Los comités están facultados para intervenir de manera directa en aquellos casos donde se vulneren los lineamientos del actuar institucional, derivando en sanciones rigurosas e inhabilitaciones inmediatas cuando la legalidad y la confianza ciudadana son quebrantadas.
El sentido humano de este modelo de fiscalización también se traduce en la corrección de exclusiones normativas históricas. Como muestra de este compromiso con la justicia social, se implementó una reforma a la norma técnica municipal que permite que las y los hijos mayores de edad con discapacidad permanente de policías y bomberos caídos en cumplimiento de su deber puedan acceder a un respaldo económico digno.
Esta modificación demuestra la capacidad del órgano de control para identificar vacíos legales y resolverlos con empatía, protegiendo el patrimonio y la tranquilidad de las familias de los elementos que entregaron su vida por la seguridad de Tijuana.
El encuentro, cuyo fin altruista fue recaudar fondos en beneficio de la niñez atendida en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Baja California, sirvió como el espacio idóneo para refrendar la alianza entre las autoridades de fiscalización, empresarias y profesionistas de la entidad, uniendo esfuerzos por una administración pública más humana, inclusiva y cercana a la comunidad.
