**Requerimos instituciones capaces de anticipar los desafíos económicos e instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades productivas y políticas públicas: Lourdes Jiménez Valenzuela
**El marco jurídico determina buena parte de las herramientas para promover inversiones, desarrollar proveedores, impulsar la innovación y coordinar esfuerzos del sector público con la I.P.
ENSENADA BC, 18 de octubre de 2026. – La competitividad de Baja California no puede seguir descansando únicamente en las ventajas que nos proporciona nuestra ubicación geográfica, vocación industrial o cercanía con el mercado estadounidense, afirmó la presidenta de la delegación Ensenada de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Lourdes Jiménez Valenzuela.
“Si aspiramos a conservar nuestra capacidad de atraer inversiones, fortalecer a las empresas y generar oportunidades de desarrollo, necesitamos algo más que condiciones favorables: requerimos instituciones capaces de anticipar los desafíos económicos, instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades productivas y políticas públicas cuyos resultados puedan medirse”, afirmó.
Esta reflexión, añadió, adquiere particular relevancia frente a los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que el Estado descendió 6 posiciones, al pasar del lugar 11 al 17 nacional.
Mientras, otras entidades como Querétaro y Coahuila registraron avances, apuntó, Baja California enfrenta el desafío de revisar las condiciones que deben fortalecerse para mejorar su posición competitiva.
No sería técnicamente correcto atribuir este retroceso exclusivamente a las leyes, toda vez que la competitividad es resultado de múltiples factores económicos, institucionales, tecnológicos y sociales, aclaró Jiménez Valenzuela.
Sin embargo, precisó, no se puede ignorar que la calidad del marco jurídico determina buena parte de las herramientas disponibles para promover inversiones, desarrollar proveedores, impulsar la innovación y coordinar los esfuerzos del sector público con la iniciativa privada.
El problema por discutir no es solamente cómo atraer más inversiones, sino cómo lograr que el marco jurídico permita aprovecharlas mejor, fortalecer las capacidades de las empresas establecidas en el estado y traducir la actividad económica en beneficios duraderos para nuestras regiones.
Bajo esta premisa, anunció, la CANACINTRA Ensenada, ha desarrollado una propuesta de reforma integral a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, que parte de un análisis legislativo comparado con Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.
Su propósito no es reproducir indiscriminadamente modelos normativos de otras entidades, aclaró, sino identificar oportunidades concretas para fortalecer la legislación local mediante instrumentos de planeación, coordinación institucional, financiamiento, desarrollo de proveedores y evaluación de resultados.
La modernización de legislativa debe comenzar por la manera en que se planea el desarrollo económico, consideró, por ello, se propone fortalecer la Política de Desarrollo Empresarial, mediante diagnósticos regionales, identificación de cadenas productivas, evaluación de infraestructura y disponibilidad de recursos.
A ello, resaltó, se deben agregar metas cuantificables y mecanismos periódicos de seguimiento, porque Baja California necesita políticas que reconozcan las características y necesidades particulares de sus regiones.
Esta visión también sustenta nuestra propuesta de incorporar Áreas Estratégicas de Desarrollo Económico con el propósito de identificar territorios con potencial industrial, tecnológico y logístico, donde puedan articularse programas de infraestructura, capacitación, innovación y financiamiento, a partir de estudios técnicos y respetando las competencias de las autoridades correspondientes, indicó.
Sin embargo, una planeación regional difícilmente alcanzará sus objetivos sin la participación de quienes sostienen la actividad productiva, advirtió Jiménez Valenzuela, de ahí el planteamiento de establecer Consejos Regionales de Desarrollo Económico, como espacios técnicos de coordinación entre autoridades, organismos empresariales, instituciones educativas y MIPYMES.
“Buscamos que las necesidades de infraestructura, las oportunidades de inversión y los obstáculos regulatorios encuentren canales institucionales de atención, sin generar estructuras burocráticas adicionales”, expresó.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas, proponemos crear el Fondo Estatal de Competitividad, Innovación y Desarrollo de las MIPYMES que, explicó, permitiría impulsar financiamiento, garantías, innovación, transformación digital y desarrollo de proveedores, sujeto a disponibilidad presupuestaria y controles administrativos.
Para que haya mayor coordinación en la relación entre empresas y gobierno se plantea incorporar un Coordinador de Proyecto Estratégico, que facilite el seguimiento entre dependencias durante la instalación, ampliación u operación de inversiones, sin sustituir permisos ni autorizaciones, destacó.
A la propuesta se suman dos instrumentos de promoción económica: el Certificado
de Empresa Bajacaliforniana y el Distintivo de Producción Bajacaliforniana,
contemplados en el proyecto de reforma.
