- La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para adicionar los artículos 320 Ter y 320 Quater al Código Penal del Estado.
- La propuesta busca castigar las imputaciones dolosas y proteger la presunción de inocencia del personal magisterial frente a campañas de difamación.
Mexicali.– La XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California analizará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado orientada a tipificar y sancionar las imputaciones y quejas falsas realizadas en contra de personal docente y directivo de instituciones educativas públicas y privadas.
La propuesta, impulsada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, contempla la adición de los artículos 320 Ter y 320 Quater al marco punitivo estatal, estableciendo que la protección penal se confiere en razón de la función educativa desempeñada para evitar el uso de denuncias como mecanismo de presión, represalia o exhibición pública sin elementos probatorios.
Durante la exposición de motivos, la legisladora precisó que, si bien la denuncia es un derecho fundamental e indispensable para salvaguardar la integridad de la niñez, la imputación dolosamente falsa desvirtúa dicho instrumento jurídico, vulnera la presunción de inocencia de las y los profesores, satura las capacidades de las autoridades investigadoras y erosiona la credibilidad de los casos legítimos de violencia o abuso escolar.
Murillo López argumentó que en la entidad se han registrado casos de maestros separados de sus cargos, juzgados de forma anticipada en redes sociales y sometidos a procesos administrativos o penales derivados de pseudodenuncias que posteriormente resultan inconsistentes o infundadas, por lo que la reforma busca brindar certeza jurídica tanto al gremio magisterial como a la comunidad escolar.
La iniciativa presentada por la diputada Montserrat Murillo fue turnada a la Comisión de Justicia para su correspondiente dictaminación técnica. El Congreso del Estado dará seguimiento al análisis del proyecto junto con representaciones del sector educativo y de derechos humanos en la entidad.
