El Gobierno Municipal del San Quintín, a través de su titular, Miriam Cano Núñez informó que, pese a un entorno complejo, la presente administración mantiene una política de cuidado absoluto de la economía local al evitar incrementos o nuevas cargas para la población en la Ley de Ingresos 2026, y sostener la operación municipal mediante una gestión responsable, técnica y estratégica de los recursos públicos.
El municipio alcanzará $445.68 millones en ingresos para 2026, apenas 1.1% más que en 2025, sin afectar a la ciudadanía mediante incrementos abruptos, tal como lo documenta el análisis técnico oficial.
La alcaldesa subrayó que ningún impuesto nuevo fue propuesto y que las actualizaciones se limitaron a lo establecido por la UMA, como en el caso de Registro Civil, que solo incrementa 3.85%, eliminando redundancias y manteniendo los costos bajo control.
De igual forma destacó la ordenación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que deja atrás la fórmula volátil de ejercicios previos y se fija en 0.26 UMA mensual, con un límite máximo de $7 adicionales respecto a 2024, garantizando protección económica a las familias.
“Hemos administrado con rigor técnico y absoluto sentido social. No hemos cargado nuevos impuestos a la gente y aun así mantenemos finanzas ordenadas”, añadió la primer edil. q
Los resultados se muestran a través de reducciones significativas en áreas que tradicionalmente incrementan ingresos, como el Impuesto a Espectáculos, que cae de $750,000 a cero (–100%), y los Accesorios de Derechos, que descienden 97.7%, pasando de $2.99 millones a $67,919.
“Eso significa que estamos dejando de depender del castigo y la multa para sostener al municipio. Estamos recaudando con orden, no con presión a la gente”, dijo.
El enfoque 2026 se basa en responsabilidad, proporcionalidad tributaria y equidad, elementos que los informes técnicos resaltan como ejes fundamentales de la Ley.
Sin embargo, Cano Núñez lamentó de forma específica que el reciente bloqueo en la carretera Transpeninsular —principal vía de comunicación, abasto y comercio de la región— haya provocado afectaciones multimillonarias a productores agrícolas, transportistas, familias trabajadoras y empresas locales.
“El cierre de la Transpeninsular golpea directamente a nuestra gente. Es un daño económico real, no teórico; afecta los precios, el traslado de alimentos, los servicios médicos y la operación comercial”, señaló.
La titular municipal finalizó exhortando a sostener cordura política, respeto comunitario y privilegiar el diálogo.
“ La ciudadanía merece estabilidad y no entrar en medio de conflictos ajenos”.
sectores productivos», puntualizó.
