**Se le relaciona con la desaparición de dos elementos de la Guardia Nacional
TIJUANA BC, 29 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, informa que, bajo su firme compromiso de investigar a fondo los delitos que afectan a la ciudadanía, y en especial aquellos que atentan contra la integridad y seguridad de las personas, se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva por la desaparición de dos elementos activos de la Guardia Nacional. Las diligencias fueron realizadas por el agente del Ministerio Público y agentes estatales de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en cumplimiento al protocolo de búsqueda, tanto en instancias gubernamentales como no gubernamentales.
Derivado del análisis de información, entrevistas a testigos y trabajo de campo, se logró establecer que el día 30 de agosto de 2025, aproximadamente a las 22:50 horas, las víctimas —dos elementos de la Guardia Nacional— fueron privadas de la libertad, presumiblemente por Felipe “N”, alias “El Pantera” o alias “El Apá”, y otros sujetos. El hecho se perpetró mediante el uso de un taxi libre, marca Nissan Versa, modelo 2020, que fue utilizado para trasladar a las víctimas a un domicilio ubicado en la colonia Nido de las Águilas, en Tijuana, Baja California. Desde ese momento, las víctimas permanecen en calidad de desaparecidas, sin que se tenga conocimiento de su suerte, destino o paradero.
Gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía de Investigación, el 5 de septiembre de 2025 se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Felipe “N”, alias “El Pantera” o alias “El Apá”, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, misma que fue ejecutada el 13 de septiembre de 2025 durante un cateo en el municipio de Playas de Rosarito. El 18 de septiembre se celebró la audiencia de vinculación a proceso, resultando vinculado el imputado y otorgándose un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, con vencimiento el 18 de marzo de 2026.
A solicitud de la agente del Ministerio Público, se promovió incidente de incompetencia por declinatoria, resultando en que la jueza de Control del fuero común se declaró incompetente por razón de fuero, remitiendo el caso a la Fiscalía General de la República para su seguimiento y judicialización ante el juez federal correspondiente. La Fiscalía del Estado reafirma su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias.
