TIJUANA, B. C.- Martes 15 de agosto de 2017.- En seguimiento a la política de la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid de promover la paz social y la armonía en las relaciones laborales, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje seguirán dependiendo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Juana Laura Pérez Floriano, expresó que si bien es cierto que ya se aprobó una reforma constitucional impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que las juntas locales de conciliación y arbitraje pasen a ser parte del Poder Judicial, esto tomará tiempo.
Ante los integrantes de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California, que preside Víctor Escobar Sánchez, la titular de la STPS expuso que en primer lugar es necesario esperar a que se realicen las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo; posteriormente a su aprobación en el Congreso de la Unión, habrá un periodo de tiempo en el cual se permitirá a los gobiernos locales llevar a cabo sus respectivas adecuaciones a las normas estatales.
Refirió que será un proceso no muy sencillo toda vez que, entre otras cosas, se requieren recursos para construir tribunales en los cuales operarán las juntas, además del posible cambio de trabajadores del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
La funcionaria estatal, quien estuvo acompañada por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Arturo Méndez Preciado, comparó esta reforma con la del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual tomó ocho años en realizarse.
Explicó que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en Baja California son órganos en los cuales se resuelven los conflictos laborales que competen a la entidad, con imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato digno, mediante la conciliación y arbitraje para mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social.
Pérez Floriano agregó que en Baja California existen tres órganos de este tipo ubicados en Mexicali, Tijuana y Ensenada, los cuales están sectorizados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, pero operan con carácter autónomo.
