MEXICALI BC, 29 de febrero de 2024.- Antes de solicitar su licencia, el diputado Román Cota Muñoz, presentó por Oficialía de Partes, una Iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental de Baja California, con el objeto de establecer un programa de atención psicológica especializada para personas trabajadoras.
Los riesgos en el trabajo son numerosos, y pueden afectar a cualquier trabajador. Desde la insuficiencia de capacidades hasta la discriminación y la falta de apoyo, estos factores pueden aumentar el estrés y afectar el desempeño laboral de las y los empleados.
Es crucial que los gobiernos, empleadores y otras partes interesadas se comprometan a prevenir, proteger y promover la salud mental en el trabajo. Lo que implica implementar medidas para gestionar los riesgos psicosociales; fortalecer las competencias de los administradores en salud mental; proporcionar apoyo a los trabajadores con estos problemas, y crear entornos laborales propicios al cambio.
Se ha colocado como una de las principales preocupaciones en los últimos años. Incluso la pandemia de Covid-19 permitió crear mayor consciencia sobre la importancia del bienestar integral de las personas, incluida la fuerza laboral. Sin embargo, el acceso a los servicios especializados en este rubro es una realidad únicamente para uno de cada 10 trabajadores en México, alerta la firma Affor Health.
Propone reforma a Ley, relativa a disposición final de residuos sólidos urbanos
Otra de las reformas propuestas por Oficialía de Partes, es la que se refiere al artículo 57 de la Ley para la Prevención Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Baja California, con el objeto de que se realicen verificaciones físicas periódicas en los establecimientos dedicados al reciclado, reutilización, tratamiento o disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
La verificación periódica garantiza que los centros cumplan con las regulaciones y normativas establecidas para la gestión de residuos sólidos. Esto ayuda a prevenir infracciones legales y asegura que las operaciones se lleven a cabo de manera adecuada y segura.
Por lo que estas accionen obligarían a mantener altos los estándares de seguridad y salud tanto para los trabajadores como para la comunidad circundante. Esto implica asegurarse de que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales y que se minimice cualquier impacto negativo en la salud pública, y el medio ambiente.
Al verificar regularmente los centros de gestión de residuos, se pueden identificar oportunidades para minimizar el impacto ambiental de las actividades realizadas en estos lugares. Esto incluye la implementación de prácticas de gestión de residuos más sostenibles, la adopción de tecnologías de tratamiento más limpias, y la prevención de la contaminación del suelo, agua y aire.