Mexicali, B.C., miércoles 29 de noviembre de 2017.- Las mujeres en México y en la Entidad aún siguen sufriendo los estragos de una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos y, tanto en la vida privada como en la vida pública podemos constar que todavía existen barreras que impiden su libre desarrollo, señaló la presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Juventud, diputada Blanca Patricia Ríos López.
Estas barreras se presentan de diferentes formas, algunas de ellas parecieran invisibles, tal es el caso de la violencia ocasionada por el desprecio y la humillación, otras más sutiles como lo es el lenguaje sexista, o formas mayormente explicitas como la violación, el acoso y el abuso sexual, finalmente la manera más visible que es el asesinato por razón de género, conocido como feminicidio.
Así lo señaló la legisladora, al presentar una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California, en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“La violencia de género si existe y no hay razonamiento alguno para justificar que se ejerza, no debemos tolerar explicaciones que la legitimen, por el contrario debemos actuar para eliminarla”, argumentó.
Luego dijo que no puede permitirse que sea parte de la vida cotidiana. “Combatámosla hagámoslo cada quien desde nuestra trinchera, ejerzamos nuestra responsabilidad como legisladores para dotar de un marco jurídico sólido, estable y permanente que erradique la violencia contra las niñas y mujeres”.
“Vayamos más allá de solo responsabilizar al Poder Ejecutivo, involucremos a todos los Poderes del Estado y a todos los actores”, resaltó la legisladora.
Por ello, propone la inclusión del Poder Legislativo, que si bien sus facultades están claramente definidas en la Constitución local y en su Ley Orgánica, considera importante establecer en la Ley que se propone reformar, la responsabilidad de legislar en la materia, además de vigilar que el marco jurídico estatal esté debidamente armonizado con los compromisos internacionales suscritos por México en materia de Igualdad y no discriminación, así como con las normas federales en la materia.
De igual forma, Patricia Ríos consideró necesario incluir al Poder Judicial del Estado, para que implemente mecanismos y acciones encaminadas a promover y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia y en la promoción de funcionarios a la carrera judicial, así como asegurar que el personal judicial sea capacitado en materia de derechos humanos, derechos específicos de personas y grupos considerados vulnerables, en teoría de género y en los mecanismos de administración de justicia con perspectiva de género, entre otras bondades.
