Mexicali, B. C., martes 29 de noviembre de 2016.- La Comisión de Justicia (CJ) del Congreso local, que preside la diputada Victoria Bentley Duarte (PAN), aprobó de manera unánime en lo general, el proyecto de dictamen que contiene una iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual tiene el propósito de establecer que las transacciones derivadas de la enajenación de bienes inmuebles, así como de la constitución o transmisión de derechos reales o que garanticen un crédito, se otorguen sólo mediante escritura pública.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo argumentó que la iniciativa permitirá Ia protección del patrimonio de los particulares cuando realicen ese tipo de transacciones, dándoles certeza jurídica.
Dio a conocer que en la legislación actual, Ia enajenación de inmuebles y Ia constitución o trasmisión de derechos reales o que garanticen un crédito, pueden otorgarse en contrato privado cuando no excedan de Ia cantidad que resulte de multiplicar por 10 mil el importe del salario mínimo diario vigente en el Estado, y firmado por los contratantes y dos testigos.
En ese sentido, el inicialista afirmó que la situación anterior de ninguna manera propicia certeza jurídica en Ia realización de dichas operaciones, pues se advierte claramente que hoy en día cualquier persona, sin tener conocimientos jurídicos en Ia materia y sin estar debidamente asesorado por un profesional, puede hacerlos mediante un simple contrato privado elaborado por ellos mismos a su leal saber y entender.
Por lo anterior, dijo que mediante la adecuación en Ia legislación civil, se privilegiará Ia intervención de un profesional del derecho con determinadas cualidades humanas y profesionales, como es el caso de los notarios públicos, quienes por haber cumplido ciertos requisitos legales cuentan con una patente que los avalan para el desempeño de Ia función notarial, y que en virtud de Ia misma, el Estado les delega Ia fe pública para que en su representación intervengan en esos actos jurídicos que realiza Ia sociedad.
Especificó que su iniciativa plantea una reforma integral en donde se contemplan modificaciones a los diversos ordenamientos jurídicos que regulan este tipo de procedimientos, como es el caso del Código Civil, la Ley del Notariado y la Ley del Registro Público de Ia Propiedad y de Comercio, todos del Estado de Baja California.
Cabe mencionar que los diputados integrantes de la Comisión de Justicia acordaron incorporar un artículo transitorio a la propuesta, para clarificar y establecer un tabulador de precios para las notarías, con el fin de evitar la discrecionalidad de los notarios en el cobro de estos trámites. Para ello, llegaron al acuerdo de trabajar en los próximos días en su elaboración.
