- A propuesta del diputado Diego Echevarría Ibarra, el Pleno del Poder Legislativo requirió la intervención urgente de la gobernadora Marina del Pilar y la fiscal Ma. Elena Andrade ante la ola de atentados contra agentes.
- Urgen a la Sedena revertir la asimetría de fuego frente al crimen organizado y critican el vacío legal provocado por la invalidez de la SCJN sobre armas fuera de servicio.
Mexicali.– El Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Ejecutivo local a implementar un esquema extraordinario de investigación, protección y dignificación para los cuerpos policiales de la entidad. El pronunciamiento, impulsado por el diputado Diego Echevarría Ibarra, surge como una respuesta institucional ante la vulnerabilidad operativa de las corporaciones estatales y municipales frente a la escalada de atentados focalizados en contra de elementos operativos en activo y en días de descanso (francos).
Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) calificó las recientes agresiones como un desafío directo a las estructuras del Estado. Echevarría Ibarra lamentó que la reforma local que impulsó en coautoría con el diputado Juan Manuel Molina para permitir la portación de armas de fuego fuera de servicio fuera declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo anterior, tras un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) bajo el argumento de invasión de competencias federales, lo que ha dejado a los agentes desarmados y expuestos al ser ubicados por células delictivas.
El exhorto parlamentario instruye a la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, a coordinar una investigación exhaustiva y transparente que judicialice a los autores materiales e intelectuales de los ataques contra la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Asimismo, se solicita a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, instruir la reingeniería de los protocolos de seguridad personal de la tropa y robustecer los paquetes de prestaciones sociales y seguros de vida para los núcleos familiares de los policías de la región.
Finalmente, el Congreso del Estado emplazó a los legisladores federales de Baja California en el Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En el ámbito operativo inmediato, se demandó a la administración estatal gestionar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la actualización urgente de la Licencia Oficial Colectiva, con la finalidad de dotar a las unidades de reacción con armamento automático moderno que elimine la disparidad de fuego frente a los grupos del crimen organizado, los cuales operan con dispositivos de ráfaga y fusiles de última generación.
El exhorto aprobado por el Congreso de Baja California sitúa en el centro del debate la urgente necesidad de redefinir las reglas del Pacto Federal en materia de seguridad y legítima defensa para las fuerzas del orden. Al evidenciar que los candados jurídicos de la SCJN impiden el blindaje de los policías fuera de servicio, el Poder Legislativo local presiona de manera legítima para que la federación y el estado asuman una corresponsabilidad táctica. Esta iniciativa no solo busca corregir la asimetría de fuego frente a la delincuencia de alto impacto mediante la gestión ante la Sedena, sino que establece un precedente de exigencia laboral y de protección de los derechos humanos de los propios operadores de la seguridad en la frontera.
