La modificación planteada ante el Poder Legislativo en Mexicali establece un plazo máximo de 30 días para que dependencias estatales y municipales entreguen el estudio de impacto de la Secretaría de Hacienda.
Mexicali.– Para consolidar finanzas públicas sostenibles y evitar aprobaciones automáticas de gasto sin sustento técnico en las administraciones locales, ingresó al Congreso del Estado una iniciativa de transparencia presupuestal en Baja California orientada a perfeccionar los mecanismos de control sobre los ajustes financieros de los entes públicos.
La modificación al marco normativo estatal establece que ninguna solicitud de adecuación presupuestaria podrá avanzar en su cómputo de resolución legislativa mientras carezca del aval financiero emitido por la Secretaría de Hacienda, asegurando que las diputaciones cuenten con todos los elementos contables antes de emitir un dictamen.
En caso de que los organismos estatales o los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe omitan anexar dicha estimación de impacto tras cumplirse un periodo de 30 días desde su ingreso en oficialía de partes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto contará con la atribución expresa para desechar el trámite.
Con esta actualización a una ley de reciente creación en la entidad, el Poder Legislativo busca mantener vigente el rigor en la rendición de cuentas, evitando vacíos legales en los procesos parlamentarios y protegiendo el equilibrio financiero de las instituciones públicas de Baja California.
