Mexicali, B.C., martes 08 de agosto de 2023.- En la sede del Poder Legislativo, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión Especial de Justicia, presidida por la diputada Rocío Adame Muñoz, para dar inicio a las mesas de trabajo sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California.
En la reunión se contó con la presencia de las diputadas Amintha Briceño Cinco y Alejandra María Ang Hernández, como Secretaria y Vocal respectivamente.
Asimismo, se contó con la participación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Alejandro Isaac Fragozo López, del Director Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Vidal Alejandro Treviño Foglio, el Director de Proyectos Legislativos del Gobierno del Estado, José Fernando Velardez Núñez, así como el Subprocurador Fiscal del Estado, Francisco Daniel Ortiz Merino.
Al hacer uso de la voz, la diputada Rocío Adame refirió que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un gran avance en la justicia civil y familiar en nuestro país, por lo que su correcta aplicación requiere de una estrecha colaboración entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, “sigamos avanzando en la construcción de un sistema judicial sólido y confiable, que sea un pilar fundamental de nuestra democracia”.
Explicó que este código, tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de manera ágil, eficiente y equitativa para toda la ciudadanía, para lograr esto, es fundamental que exista una estrecha coordinación entre los poderes, ya que desempeñarán un papel crucial para su implementación y aplicación.
El Poder Judicial, tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes de manera imparcial y justa, siendo fundamental que los jueces y magistrados estén debidamente capacitados y actualizados en los nuevos procedimientos establecidos en el código.
Por otro lado, el poder ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar los recursos necesarios para la implementación del código, esto implica la asignación de presupuesto para la capacitación de los jueces y magistrados, así como para la modernización de los sistemas judiciales y la infraestructura necesaria para agilizar los procesos judiciales.
