- La gobernadora de Baja California instruyó a la Oficialía Mayor revisar las relaciones contractuales con firmas señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y dar vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- La medida preventiva establece el veto inmediato a proveedores bajo sospecha ilícita.
Mexicali.– La gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, ordenó a la Oficialía Mayor del Estado iniciar una revisión exhaustiva para determinar si las empresas recientemente incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron contratos con el Gobierno de Baja California, instruyendo la remisión inmediata de las actuaciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La mandataria estatal precisó que las licitaciones y asignaciones administrativas se celebraron conforme al Padrón de Proveedores y al marco jurídico vigente en su momento, periodo en el que las personas físicas o morales involucradas no presentaban inhabilitaciones, sanciones ni impedimentos legales. Ante la difusión de las nuevas alertas internacionales, el Ejecutivo Estatal dará vista a los órganos de control para descartar riesgos patrimoniales y delimitar responsabilidades.
Asimismo, la administración estatal emitió una disposición preventiva que prohíbe de manera inmediata la participación en futuras licitaciones públicas de cualquier entidad corporativa o particular señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presunta vinculación con actividades ilícitas, en tanto no acrediten la regularización formal de su situación legal.
Respecto a los contratos del área de seguridad pública, el Gobierno del Estado aclaró que correspondieron a suministros, equipamiento e infraestructura técnica, enfatizando que la administración, resguardo y custodia de las bases de datos institucionales pertenecen de forma exclusiva al personal de las corporaciones del Estado.
La instrucción emitida por el Ejecutivo a la Oficialía Mayor inicia la fase de revisión documental y auditoría sobre los expedientes contractuales. El Gobierno del Estado remitirá las conclusiones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas o legales.
