- La propuesta de la diputada Evelyn Sánchez responde a la interrupción del servicio en 526 colonias durante julio por fallas en el Acueducto Florido-Aguaje.
- El Punto de Acuerdo plantea instalar mesas de trabajo con cámaras comerciales para evaluar saldos a favor, bonificaciones o exenciones de cobro.
Mexicali.– El Pleno del Congreso del Estado de Baja California avaló un Punto de Acuerdo mediante el cual se emitió un exhorto formal a la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), con el fin de entablar mesas de trabajo con cámaras empresariales de Tijuana y Playas de Rosarito para evaluar ajustes en la facturación del servicio hídrico.
La iniciativa, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, fundamentó la petición en las afectaciones registradas tras los trabajos de mantenimiento ejecutados en el Acueducto Florido-Aguaje durante julio de 2026. Dichas maniobras de infraestructura derivaron en la interrupción del suministro en 526 colonias de ambos municipios, registrándose lapsos de desabasto de hasta cinco días continuos en diversos sectores.
La legisladora precisó que, si bien las maniobras obedecieron a fallas estructurales por deslizamientos de tierra coordinadas por la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, la falta de agua ocasionó costos extraordinarios en planteles escolares, unidades médicas, comercios, establecimientos gastronómicos y hogares de la demarcación.
El exhorto legislativo plantea a la paraestatal la evaluación técnica de alternativas financieras de compensación para los usuarios, entre las que se proponen la aplicación de descuentos parciales en facturaciones subsecuentes, la generación de saldos a favor o la exención del cobro proporcional por los días en que la red permaneció sin operar.
El exhorto aprobado por el Congreso del Estado fue notificado a la titularidad de la CESPT para su atención e instalación de las mesas de análisis con las cámaras de comercio y representación sectorial de Tijuana y Playas de Rosarito. La propuesta legislativa busca que la paraestatal determine la factibilidad financiera y operativa de aplicar los ajustes tarifarios por el periodo lectivo de suspensión del suministro.
