**El objetivo es homologar procesos, digitalizar servicios y reducir cargas administrativas para ciudadanos y sectores productivos
**Con esta medida se facilita la regularización de predios, su certeza jurídica y la ampliación gradual de la base contributiva
SAN QUINTÍN BC, 23 de agosto de 2026.- La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, formalizó la adhesión del municipio al Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una decisión que permitirá avanzar en simplificación, homologación y digitalización de trámites y que puede tener efectos directos en regularización de la tierra, certeza jurídica, competitividad y desarrollo económico.
El documento fue firmado el 19 de agosto en Ciudad de México y establece el compromiso del municipio de implementar las disposiciones de la nueva legislación nacional, adoptar modelos homologados y utilizar soluciones tecnológicas para reducir requisitos, tiempos y procesos innecesarios.
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos está vigente desde julio de 2025 y obliga a los tres órdenes de gobierno. Entre sus principios se encuentran la certeza jurídica, simplificación, interoperabilidad y reducción de costos burocráticos. La legislación establece incluso que información y documentos que ya se encuentren en archivos gubernamentales puedan ser consultados entre instituciones, previa autorización correspondiente, para evitar solicitarlos nuevamente al ciudadano.
“Para San Quintín representa la oportunidad de construir una administración moderna desde un municipio joven. Queremos facilitar que una familia pueda avanzar en la regularización de su patrimonio, que un pequeño negocio pueda incorporarse a la formalidad y que una inversión encuentre procedimientos claros y tiempos definidos”, señaló Miriam Cano Núñez.
Para la presidenta municipal, uno de los efectos más importantes será disminuir el tiempo que ciudadanos, productores y empresarios destinan actualmente al cumplimiento de procesos administrativos.
La legislación define precisamente la simplificación como la reducción de trámites, requisitos y tiempos de resolución, así como la eliminación de procesos innecesarios y costos burocráticos. También establece que las regulaciones deben producir el mayor beneficio posible con el menor costo para las personas.
Para San Quintín, el alcance adquiere especial importancia en materia territorial.
La modernización de catastro, desarrollo urbano y los procesos relacionados con la propiedad puede contribuir a construir expedientes más completos, disminuir duplicidades, mejorar la vinculación de información y facilitar los procedimientos que intervienen en la regularización.
La ley establece la interoperabilidad entre sistemas institucionales para intercambiar y consultar información, además de reconocer el mismo valor a documentos digitales con firma electrónica avanzada emitidos por autoridades federales, estatales y municipales que a documentos impresos con firma autógrafa.
Esto no significa que la adhesión al Pacto regularice automáticamente la tierra ni sustituya las atribuciones de las autoridades competentes, pero sí crea condiciones para atacar uno de los principales obstáculos de estos procesos: expedientes fragmentados, información dispersa, repetición de documentos, traslados y tiempos administrativos prolongados.
“Regularizar también significa incluir. Queremos que cumplir sea más sencillo que permanecer fuera de la formalidad y que las familias tengan mejores condiciones para avanzar hacia la certeza jurídica de su patrimonio”, afirmó Cano Núñez.
Una mayor regularización territorial también puede mejorar la información con la que el Ayuntamiento planea infraestructura, crecimiento urbano y servicios públicos, además de favorecer gradualmente una base contributiva más amplia y equilibrada, al incorporar propiedades y actividades actualmente fuera de esquemas formales.
La Ley Nacional no modifica impuestos ni determina contribuciones fiscales —materia expresamente excluida de su aplicación directa—, pero una administración territorial actualizada puede permitir que las obligaciones existentes se distribuyan entre una base formal más amplia, en lugar de concentrarse únicamente en quienes actualmente se encuentran registrados y cumplen.
El impacto también puede trasladarse a la competitividad. Agricultura, pesca, acuacultura, comercio, construcción, servicios y turismo forman cadenas productivas que dependen de permisos, licencias, autorizaciones y procedimientos gubernamentales. Reducir tiempos administrativos disminuye costos indirectos y facilita la puesta en marcha de inversiones y negocios.
Para Cano Núñez, esto puede favorecer la generación de empleo y fortalecer las cadenas de valor locales al permitir que productores, proveedores, comerciantes y nuevos proyectos destinen menos recursos a procesos burocráticos y más a su actividad económica.
“Cada día que logramos restarle a un trámite es tiempo que una persona puede dedicar a trabajar, producir o invertir. San Quintín necesita certeza jurídica, orden territorial y una administración capaz de acompañar su crecimiento económico”, sostuvo.
La adhesión, sin embargo, es apenas el punto de partida. El siguiente paso será traducir el Pacto en resultados medibles: menos requisitos, menores tiempos de respuesta, expedientes digitalizados, información vinculada y procedimientos más sencillos para regularizar, invertir y cumplir con la autoridad.
“Tenemos la oportunidad de modernizar mientras construimos nuestro municipio. Queremos menos vueltas y menos papel, pero sobre todo más certeza jurídica, mayor facilidad para regularizarse y mejores condiciones para invertir y generar empleo”, concluyó Miriam Cano Núñez.
