Mexicali, B. C., viernes 4 de noviembre de 2016.- Andrés de la Rosa Anaya califica de urgente la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que según estimaciones anuales existentes establecen que cuesta a los Mexicanos este flagelo alrededor de1.5 billones de pesos, y que en dichos términos debe analizarse a la brevedad posible por todas las fuerzas políticas del Congreso local, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante la sesión ordinaria celebrada ayer, el legislador presentó un posicionamiento sobre este tema a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el sentido de que hace falta reformar la Constitución estatal para sentar las bases y reformar las leyes correspondientes, y de esta manera lograr la creación del Sistema.
Recordó que cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se propuso en la reforma que cada entidad estuviera obligada a reproducir y armonizar dicho marco jurídico en sus legislaturas locales, algo que todavía no ha sucedido en Baja California.
“Como diputado federal de la 62 Legislatura en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pude participar en la creación legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción, y hoy como diputado local sin duda colaboraré en el proceso que dará vida a nuestra reforma constitucional estatal en esta materia”, señaló Andrés de la Rosa.
El congresista de Acción Nacional adelantó que dentro de las características que se puede incluir en el Sistema Estatal Anticorrupción, es la creación de tribunales especiales que atiendan los casos específicos de mal uso de recursos públicos, así como una mayor transparencia en el manejo del dinero de la ciudadanía, tanto de funcionarios como de particulares.
Uno de los puntos que se requiere precisar, dijo, es el tema de las sanciones, pues en el ámbito federal sí quedaron establecidas con la creación del Sistema Nacional, más no se ha realizado a nivel estatal.
Indicó que hay estimaciones de que al año la corrupción cuesta a los mexicanos aproximadamente 1.5 billones de pesos, es decir, un 129 por ciento más que el presupuesto asignado a seguridad pública en todo el país.
“La corrupción, en una entidad como la nuestra, es factor de inhibición de empleos e inversión, lo que genera pérdida de calidad de vida en familias, así como de confianza en las instituciones, pero sin duda el riesgo más grave es el delgado hilo entre corrupción y otras formas de delincuencia como la de tipo organizado”, sostuvo De la Rosa Anaya.