- A través de la aprobación de tres dictámenes clave de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Pleno del Congreso legisla con visión de Estado: optimiza la distribución del Fondo de Fomento Municipal, dota de certeza patronal al INFRAVI y consolida la donación de un terreno en Tijuana para la red IMSS-BIENESTAR.
Mexicali.– En una jornada legislativa de alta relevancia para el ordenamiento financiero y el desarrollo social de la entidad, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó de manera unánime tres dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHyP), presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz. Con el respaldo técnico y la opinión de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), las y los legisladores emitieron reformas y decretos orientados a robustecer la hacienda municipal, blindar los derechos de los trabajadores de la infraestructura vial y expandir la cobertura de salud en la frontera.
Con 17 votos a favor, se dio paso a la reforma al Artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California (Dictamen No. 134). Esta adición técnico-financiera establece con precisión el procedimiento institucional mediante el cual se ejecutará la distribución del 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal.
Esta medida impactará positivamente a aquellos municipios que mantienen convenios de coordinación administrativa con el Gobierno del Estado en materia de recaudación del Impuesto Predial. Con esta reforma, el Poder Legislativo dota de transparencia, reglas claras y certidumbre jurídica a los ayuntamientos, incentivando la eficiencia recaudatoria local y asegurando que mayores recursos federales se traduzcan en obras y servicios para la ciudadanía.
En materia de derechos laborales, también se avaló por 18 votos a favor el Dictamen No. 133, el cual autoriza al Instituto de Infraestructura Vial de Baja California (INFRAVI) a suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este beneficio ampara de forma inmediata a todo su personal operativo y administrativo, incluyendo a los trabajadores que fueron transferidos del anterior Fideicomiso Público del tramo carretero Centinela-Rumorosa (FIARUM).
A fin de brindar un respaldo institucional absoluto a este derecho, el decreto autoriza al Gobierno del Estado a constituirse como garante y obligado solidario de dicho instituto. Para tal efecto, la administración estatal otorgará en garantía las participaciones presentes y futuras del ingreso federal que le correspondan del Fondo General de Participaciones, blindando las prestaciones de seguridad social de las familias de los trabajadores del volante y la infraestructura.
Finalmente, con una votación unánime de 14 sufragios a favor, las diputaciones aprobaron el Dictamen No. 132, enfocado en expandir la infraestructura hospitalaria de la región. El decreto autoriza la desincorporación del patrimonio de dominio público del Estado y su consecuente incorporación al dominio privado, de un predio estratégico ubicado en el Fraccionamiento Las Fuentes, en el municipio de Tijuana.
Esta maniobra jurídica permitirá la enajenación a título gratuito del inmueble en favor de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Con esta donación de suelo institucional, el Congreso del Estado facilita la expansión de la red médica federal, permitiendo la futura construcción y equipamiento de clínicas destinadas a la atención médica gratuita de la población abierta en la zona este de Tijuana.
Con la aprobación unánime de este paquete de dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Legislatura de Baja California busca dar el mensaje de que la alta política financiera adquiere su verdadero valor cuando se traduce en beneficios directos para la estructura social. Al dotar a los municipios de mecanismos claros para acceder a fondos federales por recaudación de predial, asegurar el IMSS para los trabajadores de la infraestructura vial y donar reservas territoriales para la salud pública en Tijuana, el Congreso del Estado tratará de implementar un modelo de gobernanza responsable y con rostro humano.
