- Ante el Pleno del Congreso del Estado, la diputada María Yolanda Gaona Medina impulsa un acuerdo parlamentario que demanda a la SHCP y a la CONASAMA recursos extraordinarios, estímulos fiscales y esquemas de reinserción laboral para contener el impacto del fentanilo y proteger a los sectores más vulnerables.
Mexicali.– En una frontera marcada por la complejidad demográfica y los desafíos de la salud pública contemporánea, la gestión de recursos federales se vuelve una prioridad de Estado. Bajo esta premisa, la diputada María Yolanda Gaona Medina presentó ante el Pleno del Congreso de Baja California un exhorto de alta relevancia institucional aprobado por mayoría, dirigido a las máximas autoridades hacendarias y de salud del país, exigiendo una intervención económica y operativa de emergencia para atender la crisis humanitaria que entrelaza la migración, la situación de calle y el repunte en el consumo de sustancias ilícitas.
El exhorto parlamentario fue turnado de manera directa al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, Edgar Amador Zamora; a la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), Yerania Emireé Enríquez López; así como al Secretario de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra.
Al motivar el punto de acuerdo, la legisladora Mayola Gaona presentó datos técnicos alarmantes que evidencian cómo el consumo de drogas sintéticas de alto impacto ha rebasado las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Citando indicadores oficiales de la propia CONASAMA, la diputada alertó sobre el crecimiento sostenido y exponencial en la demanda de tratamiento especializado por el uso de fentanilo y metanfetaminas en Baja California.
La propuesta de la diputada Mayola Gaona no se limita al diagnóstico, sino que traza una hoja de ruta financiera y social dividida en cuatro ejes operativos para dotar de herramientas a los municipios de la entidad.
El primero de ellos se refiere de manera directa a la asignación de recursos federales de emergencia durante temporadas de clima extremo (canícula y lluvias) para equipar refugios temporales, desplegar brigadas médicas y asegurar apoyo alimentario.
El segundo propone la implementación de incentivos fiscales, tanto federales como estatales, para las asociaciones civiles e instituciones legalmente constituidas que brindan tratamiento y refugio gratuito o de bajo costo.
La creación de programas de capacitación técnica y bolsas de trabajo institucionalizadas para canalizar de forma productiva a migrantes, personas rehabilitadas y ciudadanos recuperados de la situación de calle sería el tercer eje.
Por último la solicitud de un informe puntual a la CONASAMA sobre las transferencias de capital y acciones concretas ejecutadas en el estado durante el periodo de 2025 y 2026.
Con el impulso a este exhorto, la diputada Mayola Gaona pone de manifiesto que la problemática de la adicción al fentanilo y el cuidado de la población migrante en Baja California debe asumirse como un asunto de seguridad nacional y justicia presupuestaria. Al convocar a la SHCP y a los organismos de salud mental a destinar fondos emergentes y estímulos fiscales para el tercer sector, la legisladora no solo visibiliza el esfuerzo de las asociaciones civiles que sostienen la contingencia en las calles, sino que promueve una visión humanista donde la reinserción laboral es la verdadera clave para sanar el tejido social. Este paso parlamentario representa una firme exigencia para que la Federación devuelva a la frontera el respaldo económico necesario para transformar la vulnerabilidad en oportunidades de desarrollo y bienestar social.
