MEXICALI BC, 19 de abril de 2024.- Fue aprobado por el Pleno el Dictamen No. 137 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, cuyo propósito es facultar a la Fiscalía a que capacite al personal en materia de derechos humanos de las mujeres.
Las principales razones que se detallan en la exposición de motivos de la citada iniciativa que justifican el cambio legislativo, son entre otras: la incidencia de violencia hacia la mujer en el ámbito privado y público.
Se tomó en cuenta la importancia de que el personal de procuración de justicia, reúna la capacitación adecuada para atender a las mujeres víctimas de violencia, para actuar con la sensibilidad y empatía debida; así como la de superar el estado de vulnerabilidad permanente de las mujeres víctimas del delito.
La Fiscalía General del Estado, en esencia, representa la llave efectiva para la investigación y persecución en los atentados contra las mujeres víctimas de violencia, resultando su actuación un factor importante para la protección a la integridad de una persona víctima de violencia, que requiere una atención de manera inmediata y de tracto sucesivo.
Por ello, rresulta fundamental la dualidad de relevancia que tiene la Fiscalía General del Estado ante la ciudadanía. Por una parte, funge como garante en la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, procurar justicia de manera eficaz, efectiva, y apegada a derecho.
Además de ejercer un rol fundamental en el combate a la delincuencia, disminución, prevención del delito en el ámbito de su competencia, fortalecimiento del Estado de Derecho, así como promoción, protección y garantía de los derechos de reparación integral, de verdad y de no repetición pata la sociedad en general.
Por tales motivos, es necesario adecuar el marco jurídico de la entidad, con los mejores estándares internacionales, con respecto a la violencia con perspectiva de género y violencia contra las mujeres, para fortalecer las políticas públicas que permitan y garanticen un acceso a una asesoría y tutela efectiva con un enfoque humano y sensible, capaz de responder en los estándares que mandatan los Tratados Internacionales y ordenamientos jurídicos, que visibilicen una defensa de vanguardia y empática para las mujeres víctimas de violencia.
