- La COEPRIS aplicó la suspensión temporal del establecimiento en la colonia Mariano Matamoros tras un operativo con fuerzas federales y estatales.
- Durante la diligencia detuvieron a un escolta armado y el IPEBC ofreció el traslado voluntario de los internos a otros centros.
Tijuana.– Autoridades estatales y federales ejecutaron la suspensión temporal de actividades del Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, tras detectar irregularidades sanitarias, fallas en la acreditación del consentimiento de los internos e investigaciones relacionadas con el homicidio de un usuario.
La intervención se realizó mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud, Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC) y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).
Durante el desarrollo de la inspección, los agentes detuvieron a un hombre que realizaba funciones de escolta en el inmueble por la portación de un arma de fuego sin la licencia correspondiente, siendo turnado ante la autoridad competente. Por su parte, el IPEBC ofreció el traslado opcional de las personas anexadas hacia otros centros acreditados de la ciudad, garantizando que ningún usuario fuera desalojado a la vía pública.
La inspección derivó de la investigación iniciada por la FGE tras la muerte de un hombre de 28 años ingresado el 18 de agosto, cuyo dictamen del Servicio Médico Forense determinó asfixia mecánica y múltiples traumatismos. Por este hecho, el 29 de agosto la fiscalía cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, manteniendo las averiguaciones abiertas en el establecimiento.
La suspensión temporal del Centro de Rehabilitación Jireh por parte de la COEPRIS es una medida administrativa independiente de los procesos penales por homicidio y portación ilegal de arma de fuego que tramita la FGE. Las autoridades estatales continuarán con las inspecciones técnicas en recintos de internamiento de la entidad para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y la legalidad de sus operaciones.
