MEXICALI, BAJA CALIFORNIA..- A 29 de octubre de 2019.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, diputada Monserrat Caballero Ramírez, presentó una iniciativa para abrogar la actual Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y sustituirla por un nuevo ordenamiento. Dicha iniciativa se sustenta en los principios de austeridad, eficacia, legalidad e inclusión ciudadana.
La propuesta fue presentada en representación de Morena, durante la reciente sesión ordinaria de la XXIII Legislatura del Estado.
Al abordar la tribuna, la diputada Monserrat aclaró que se trataba de una iniciativa elaborada en colaboración con el diputado Juan Manuel Molina García, para reemplazar a la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que data de enero de 1986.
La propuesta de la nueva Ley consta de 57 artículos y se basa en los principios de “austeridad, eficiencia, legalidad, transparencia, honorabilidad, simplificación, cercanía, e inclusión ciudadana”, según aseguró la inicialista.
Monserrat Caballero señaló que la administración pública del Estado “enfrenta actualmente una grave problemática operativa y de gestión, derivada de obsoletos procesos, lentos e ineficaces, de atención, duplicidad de funciones, áreas innecesarias, organización y plazas generadas para la colocación de amigos y no para dar atención eficiente a las necesidades de la población”
Añadió que “con la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que impulsamos desde este Congreso, nos pondremos al frente de los esfuerzos del pueblo, aportaremos bases firmes y una visión articulada para encontrar respuestas a los desafíos presentes y venideros”.
Sostuvo la Legisladora Caballero Ramírez que: “Con el respaldo del mandato popular, daremos por terminada la época de gobiernos que viven en bonanza, sin importar las condiciones de la gente que padece necesidades; daremos por concluida la etapa de gobiernos que responden tarde y mal a las demandas y exigencias del pueblo, no permitiremos que vuelvan los tiempos de funcionarios corruptos, irresponsables y prepotentes que faltan a su compromiso cívico de servir con honradez, dedicación y esmero”.
La legisladora adelantó que, con la presente iniciativa, se proyecta un ahorro del 30 por ciento del gasto corriente, al contemplar una compactación administrativa. Entre las medidas que se implantarán para
ahorrar y liberar recursos está las siguientes:
Se reducirá el tamaño del gobierno y sólo se mantendrán las áreas con responsabilidades sustantivas, por lo que se eliminarán puestos de secretarios particulares, privados y de directores adjuntos.
Se eliminarán las áreas de comunicación de las secretarías y dependencias descentralizadas y desconcentradas, se centralizarán las funciones de comunicación social, así como la contratación y pago de los servicios asociados, se rescindirán de inmediato los contratos del personal ingresado de forma irregular; de aquellos que no cuenten con el perfil profesional y la experiencia necesaria para desempeñar las funciones requeridas por el cargo que ocupan y de aquellos que cobran un salario sin acudir a su sede de trabajo, sin cumplir con el horario mínimo establecido y sin atender las responsabilidades asociadas a su puesto.
De acuerdo a la propuesta, las áreas de la administración pública estatal que serán transformadas de forma substancial serán las siguientes:
Actualmente, el gobierno del Estado cuenta con 16 secretarías dentro del gabinete legal, pero se plantea la reducción a 13 Secretarias de Estado.
Se fusionarán las Secretarías de Economía y Turismo y las funciones de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Protección del ambiente para crear la nueva Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, reduciéndose el número de secretarías y subsecretarias existentes.
Se crea la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, con el propósito de dar atención a los grupos en estado de vulnerabilidad y propiciar la equidad de la mujer y la inclusión de grupos, hasta hoy abandonados por el estado.
Las atribuciones para construir infraestructura pública, antes dispersas, se reúnen en una sola Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.
Solo las secretarías que lo ameriten tendrán delegaciones en los municipios del estado, como son el caso de la Secretaría de Educación; la Secretaría de Integración y Bienestar Social; y la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria.
Además, la nueva Secretaría General de Gobierno se transformará en una entidad con más y mejores instrumentos para vigilar, atender y resolver todos los temas de alto contenido político y social del Estado.
La Secretaría de Planeación y Finanzas se transforma en la nueva Secretaría de Hacienda, dependencia que pondrá en orden las finanzas públicas, y mantendrá una férrea disciplina fiscal y cuidará la salud financiera del Estado.
La Secretaría de Hacienda tendrá además las facultades de planeación y programación del gasto y tendrá la atribución de establecer y conducir la política general de contrataciones públicas, entre otras novedades administrativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis jurídico y la correspondiente dictaminación.
